Caen sólo 4 bandas por lavado en el sexenio

El Gobierno federal se queda corto en la persecución del lavado de dinero, pues es mínimo el número de organizaciones criminales desmanteladas, pese a las reformas y la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).

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La Procuraduría General de la República (PGR) revela que, en lo que va del sexenio, sólo han desarticulado a cuatro organizaciones delictivas que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita (según los cinco Informes de Enrique Peña Nieto). Ni siquiera una por año en promedio. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense señala a 294 empresas, asociaciones civiles o personas —entre las que destacan 14 grupos criminales— con nexos con el narcotráfico, considerado el principal delito relacionado con el blanqueo de capitales.

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de proteger al sistema financiero de estas actividades. En su persecución participan la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la PGR.

Esa legislación enumera actividades no financieras vulnerables, como casinos, inmobiliarias, venta de joyería y arte, las cuales deben cumplir con el reporte al SAT cuando las operaciones de sus clientes alcancen o rebasen los montos permitidos (éstos también tienen límites para los pagos en efectivo). Las instituciones financieras deben informar a la autoridad cuando registran operaciones inusuales o relevantes desde los cinco mil a 10 mil dólares.

A pesar de estas medidas, las cifras revelan que el avance en el combate al lavado es poco, confirma el informe de evaluación “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo”, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Señala que este delito “no es perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva”, debido a que dan prioridad a la investigación de los delitos determinantes como la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Fernando Espinoza de los Monteros Santillán, investigador de la UdeG, considera que se debe optimizar el sistema de fiscalización y la coordinación entre los Estados. Por su parte, Jorge Tejada, académico del ITESO, indica que el problema no es el marco legal sino la falta de voluntad de la autoridad para perseguir el delito, pero destaca que el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá pedir cuentas claras a los funcionarios responsables.

Ante las fallas, en el Senado de la República ya trabajan una reforma para endurecer las sanciones a los establecimientos que no cumplan con el reporte de operaciones.

Fuente: El Informador

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