Piden dejar norma contra firmas fantasma

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción expresó su preocupación por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el artículo que permite conocer públicamente a las empresas fantasma.

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En un comunicado, el CPC informó que la Primera Sala de la Corte agendó para el próximo 7 de febrero la discusión de si el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es constitucional o no.

"Los integrantes del CPC somos respetuosos de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, nuestra responsabilidad es destacar que una declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF tendría efectos nocivos sobre la política contra la corrupción, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero", señaló.

El artículo 69-B establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicará una lista con el nombre de aquellas empresas que emitan facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para proveer un bien o servicio y requerirá a las compañías que hicieron transacciones con ellas que acrediten la legalidad de dichas operaciones.

Este artículo, destacó el CPC en su comunicado, permite no solo combatir la evasión fiscal, sino que también es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción.

"A los ciudadanos la corrupción nos indigna y desespera. Una sentencia que declarase la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF implicaría un retroceso en la desarticulación de los grupos delictivos que operan las empresas fantasma y el debilitamiento de las instituciones públicas", advirtió.

De declararse inconstitucional, añadió, causaría un efecto negativo en algunos casos de corrupción cuyos procesos actualmente están en curso, como son los desvíos que hizo el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte o la acusación contra el ex secretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

"Al día de hoy, la herramienta prevista en dicho artículo ha sido clave para combatir la corrupción. Por ello, la confirmación de la constitucionalidad del artículo 69-B del CFF es indispensable para la preservación del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad", sostuvo.

 

Fuente: Reforma.com

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